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Al margen de las posibles connotaciones penales, se dan las circunstancias indiciarias suficientes que constatan los hechos, sin que sea relevante la cantidad concreta, pues lo que se juzga es la deslealtad y el quebranto de la buena fe.

Juzgado de lo Social nº 3 Tarragona, Sentencia 227/2016, 27 May. Recurso 63/2016

El Juzgado declara la procedencia del despido disciplinario al apreciar una transgresión de la buena fe contractual en la conducta del trabajador que sustrajo una cantidad de dinero del coche de un compañero de trabajo, estacionado en el parking de la empresa.

La infracción de los deberes básicos del contrato de trabajo está clara en este supuesto, porque la confianza recíproca que debe regir en las relaciones laborales desaparece cuando el trabajador se apodera ilícitamente del dinero, lo que hace que sea irrelevante la cuantía sustraída. Los hechos tienen la suficiente entidad como para justificar el despido, pues además de venir sancionados en la cláusula general del Estatuto de los Trabajadores, también lo están en el convenio colectivo aplicable que sanciona con el despido el fraude, deslealtad, abuso de confianza, y específicamente el robo, hurto o malversación cometidos dentro de las instalaciones de la empresa.

Rechaza el Juzgado la alegación de la prueba ilícita por haberse sancionado los hechos en virtud de lo visionado en las cámaras de seguridad instaladas en la empresa. Sin embargo, éstas llevaban mucho tiempo instaladas y todos los trabajadores tenían conocimiento de su existencia y de que enfocaban zonas comunes. La sentencia realiza el llamado “test de proporcionalidad” conforme al cual, si bien ningún derecho empresarial puede lesionar un derecho fundamental, los derechos de los trabajadores pueden ceder ante otros intereses relevantes, y en este caso, conocida la presencia de cámaras por los trabajadores, debe aceptarse la grabación como prueba porque su finalidad era la de controlar el cumplimiento de la ejecución del trabajo; su instalación era conocida por los trabajadores y no se ha demostrado que la grabación hubiese sido manipulada.

Por tanto, los documentos analizados, el reconocimiento del propio trabajador en el expediente disciplinario, el visionado de las grabaciones realizadas y la testifical comportan circunstancias indiciarias suficientes que constatan los hechos imputados en la carta de despido. Conducta que supone una clara vulneración de los deberes de lealtad que deben ser cumplidos, por lo que no es de aplicación la doctrina gradualista dada la gravedad de la actuación del empleado.

 



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