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Los contratos de menos de una semana de duración son una práctica cada vez más común entre las pymes y autónomos españoles. Una situación que sindicatos como UGT llevan denunciando desde hace tiempo y que ahora el Instituto Nacional de la Seguridad Social se ha comprometido a vigilar. En concreto, según este sindicato, en la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre el 22,5% de los contratos presentan estas características.

 

Asimismo, esta organización sostiene que si en 2007 el dato suponía el 13,7% del total de contratos, en 2011 estos escalaron hasta el 17,9% y en la actualidad superan una quinta parte del total de contratos que se firman en España.

En lo que respecta a las características del trabajador que asume estas condiciones, la mitad de los contratos presentan edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. Asimismo, un 36% de los afectados tiene hasta 35 y 50 años. Según los sectores de la actividad a la que estos pertenecen destaca una concentración mayor en el sector servicios, con el 84,5% de acumulación de contratos temporales de corta duración.

En paralelo, el análisis detallado muestra que los contratos de menos de una semana ya superan a los indefinidos en ramas como la información y las comunicaciones (25,2% de los contratos) o las actividades administrativas y servicios auxiliares (23,6%).Otras ramas en las que el uso de estos contratos es muy destacado son las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (44,2%), hostelería (37,8%), las actividades sanitarias y de servicios sociales (23,8%) y la industria manufacturera (27,5%).

Motivos de la investigación

En este sentido, el INSS se ha comprometido a arrojar luz sobre si las pymes y autónomos españoles están pagando la sobrecotización del 36% en la cuota de contingencias comunes establecida por Ley para los contratos de menos de una semana, una figura que surgió en los años 90. Ahora, se estudiarán los fraudes asociados a esta práctica, que ya fue denunciada por UGT en 2010, cuando detectaron que esta práctica afectaba a determinadas empresas.

 

Ahora es el Gobierno el que ha mostrado su interés por atajar la cuestión, por lo que dará datos al respecto en unos meses a través de un informe elaborado específicamente para tratar la cuestión y poner en marcha, a partir de su desarrollo, medidas paliativas que aminoren los efectos de esta práctica.

 



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