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Las comunidades están concediendo desde principios de año una nueva ayuda para parados que han agotado cualquier prestación o subsidio hace al menos seis meses. Se trata del Programa de activación para el Empleo, vigente desde el pasado 15 de enero y que podrá solicitarse, en principio, hasta abril de 2016.

El Gobierno calculó que esta nueva ayuda –de 426 euros mensuales durante un máximo de seis meses y que debe ir acompañada de un itinerario individual de formación al parado– llegaría a más de 400.000 desempleados.

Sin embargo, a tenor de las primeras concesiones, la nueva ayuda está llegando a menos beneficiarios de los previstos. Según los primeros datos detallados disponibles, hasta abril había 43.994 perceptores. Así, si la concesión de esta ayuda mantuviera el ritmo actual, al final del programa, el 15 de abril de 2016, se habrían beneficiado de él poco más de 133.000 parados. Esto supondría apenas un tercio de todo el colectivo de beneficiarios que esperaba el Ejecutivo. Y, a fecha de hoy, el número de beneficiarios apenas llegaría a 55.000, según fuentes conocedoras del programa.

¿Qué está ocurriendo? desde los sindicatos aseguran que los requisitos que se exigen para acceder a la ayuda son demasiado estrictos. Sin embargo, otras fuentes de la Administración aseguran que el número de beneficiarios responde a la realidad social “y si no hay más perceptores es porque a la hora de la verdad dicha realidad no lo demanda”.

De momento, lo único que dicen los datos es que el reparto de estas ayudas no está siendo homogéneo entre todas las comunidades. Solo Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran casi la mitad de los beneficiarios de estas ayudas, cuando estas regiones tienen poco más de un tercio de los parados de larga duración, que llevan más de dos años buscando empleo.

Las cifras estadísticas arrojan también otros datos sobre el tipo de parados que sí están accediendo a esta ayuda, como su falta de formación o especialización laboral. En concreto, el 71% de los perceptores de la ayuda no se encuadra en ninguna de la veintena de actividades económicas que les ofrecen desde las oficinas de empleo, de lo que se deduce que no tienen ninguna profesión concreta.

En este escenario, los sindicatos han solicitado al Gobierno que rebaje los requisitos para que pueda haber más beneficiarios y se puedan destinar así los entre 1.000 y 1.200 millones de euros que se habían previsto para ello. “De seguir así no se va a gastar ni siquiera la mitad del presupuesto”, aseguran fuentes sindicales.

Entre los requisitos exigidos para esta ayuda están haber cesado en el último trabajo involuntariamente; haber agotado hace al menos seis meses la tercera Renta Activa de Inserción, u otras ayudas como Prodi o el Prepara y no tener derecho ni a la prestación contributiva;llevar inscritos como demandantes de empleo a fecha del 1 de diciembre de 2014 y haber estado inscrito al menos 12 de los 18 meses previos a la solicitud. Además, deben tener cargas familiares y no superar los umbrales de renta habituales solicitados para este tipo de ayuda, ni individualmente ni de unidad familiar;y mantener esta bajo nivel de rentas durante los seis meses que dure la ayuda.

La principal novedad que introdujo este programa, y que parece que tampoco está teniendo el éxito esperado, es que permite compatibilizar hasta cinco meses el cobro de los 426 euros mensuales con un trabajo por cuenta ajena. Y el empresario descontará del salario la cuantía de esta ayuda.

 



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